Con esta resolución, se va haciendo realidad una demanda por la que el CERMI CV viene trabajando desde hace ya varios años, dado que consigue fortalecer el desarrollo de las actividades y prestaciones de los servicios que las entidades sin ánimo de lucro proporcionan con calidad contrastada a los colectivos más vulnerables, como el que constituyen las personas con discapacidad.

  

Tanto el CERMI CV como todo el sector de la discapacidad a nivel nacional, ha promovido activamente la adopción de esta regulación, pues es un asunto primordial en nuestra agenda política.

  

En este sentido, CERMI CV espera que su puesta en práctica se haga en el menor tiempo posible y con todas las garantías.

  

Luis Vañó Gisbert, presidente del CERMI CV, indica que “era necesario regular y coordinar la actividad desarrollada por las entidades del sector de la discapacidad/iniciativa social, con el fin de garantizar la trasparencia, la publicidad y eficiencia, para el interés público; que es por lo que siempre abogamos”. 

  

Los servicios que se incluyen son los previstos en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana. La regulación del concierto social incluye una serie de cláusulas sociales y medioambientales, como la dignidad de las condiciones laborales, la inclusión social, la igualdad de género y el respeto al medio ambiente.

  

Al mismo tiempo, Sergio Cañellas, presidente de LARES CV, ha afirmado que el concierto social previsto por el decreto del Consell “no contradice la nueva Ley estatal de Contratos Públicos”, que entró en vigor el 9 de marzo de 2018, ya que la misma ley prevé que las Comunidades Autónomas “legislen articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social” (disposición 49, LCSP 9 /2017). De igual modo, Cañellas cita el artículo 11, apartado 6, que excluye de la Ley de Contratos Públicos “la prestación de servicios sociales por entidades privadas”.